Por Lucas Martín – El Inquisidor
Desde Yerba Buena, donde el paisaje parece calmo pero la inseguridad ya no pide permiso, volvemos a poner el dedo en la llaga. El debate por la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es un capricho legislativo; es el síntoma de una sociedad tucumana agotada de ver cómo el sistema, ese que yo llamo “mediocre”, protege más al victimario que al ciudadano de bien.
En Tucumán, la realidad nos explota en la cara. Mientras en los despachos porteños discuten tratados internacionales, aquí el vecino de a pie sabe que la delincuencia juvenil no es un error de juventud, sino un oficio que se perfecciona ante la ausencia del Estado. Hoy, la ley vigente dice que un menor de 16 años es intocable. ¿El resultado? Los “pibes” son utilizados como mano de obra descartable por bandas que conocen el código penal mejor que cualquier abogado.
Puntos clave de la discusión actual:
- Conciencia del acto: A los 14 años, los jóvenes tienen plena capacidad de comprender la criminalidad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar la realidad de la calle.
- Pena y reinserción: El proyecto contempla penas máximas de hasta 15 años para delitos graves como homicidios o violaciones. No se trata de “tirar la llave”, sino de que haya consecuencias.
- El fracaso del sistema tutelar: Las críticas de sectores que hablan de “estigmatización” chocan contra un sistema carcelario y de institutos que ya está colapsado y no reinserta a nadie.
Bajar la edad no va a solucionar el narcotráfico ni la pobreza de la noche a mañana, pero es el primer paso para terminar con la impunidad biológica. En El Inquisidor lo decimos de frente: el orden y la justicia deben comenzar con el ejemplo. No podemos seguir permitiendo que el miedo cambie de vereda.
Si el menor comete un delito de adulto, la respuesta del Estado debe ser de adulto. El debate está abierto, pero el tiempo de las víctimas se agota.
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