Las grandes potencias han emprendido una carrera por el suministro de materiales clave para vehículos eléctricos, armamento y tecnología.
En territorios de todo el planeta, tanto del Norte como del Sur, se promueven proyectos mineros para producir baterías de coches eléctricos, placas solares y otros elementos útiles para la transición verde y digital. La Agencia Internacional de Energía estima que los minerales fundamentales en esta etapa son el litio, el níquel, el cobalto, el cobre, el grafito y las tierras raras. Para 2040 su demanda crecerá, pudiendo cuadriplicarse, e incluso sextuplicarse. Aunque los países con capacidad de extraerlos y procesarlos tendrán ventajas competitivas, estas actividades también conllevan notables impactos.
Según la CEPAL, China, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) lideran el sector de la electromovilidad. Oxfam, que evaluó los compromisos con los derechos indígenas –en especial el consentimiento libre, previo e informado (o CLPI)– de 43 empresas mineras vinculadas a la fabricación de baterías –firmas procedentes de numerosos países, entre ellos China, EEUU, Canadá y varios europeos–, consideró que los compromisos son deficientes en equidad de género, debida diligencia, derechos humanos y protección de los defensores; así como que el sector minero de baterías de litio, cobalto y grafito no está preparado para una transición justa; y recomendó cambios estructurales, empoderar a las comunidades indígenas y otorgarles control sobre la minería en sus tierras para garantizar una producción y un uso responsable.
Redes de escucha y apoyo
En este contexto, la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales reducirá la burocracia e impulsará las asociaciones estratégicas con terceros países, así como la economía circular con el reciclaje de un 15% del consumo anual de estos minerales para 2030. Recientemente, la II Caravana por la Ecología Integral organizada por la Red de Iglesias y Minería con apoyo de la alianza Enlázate por la Justicia, viajó por la UE con seis representantes de países de América Latina afectados por el extractivismo.
Esta plataforma de organizaciones y personas vinculadas a la Iglesia, así como de la sociedad civil en general, presente en nueve países, ayuda a la articulación democrática, crea espacios de diálogo y visibiliza resistencias, reforzando la gobernanza multilateral desde abajo: “Nació hace más de diez años tras escuchar a poblaciones martirizadas cotidiana e históricamente. La transición impulsa nuevas formas de extracción principalmente por empresas y gobiernos del norte global; los territorios del sur siguen siendo zonas de sacrificio. Las comunidades donde se extrae litio se quedan sin agua”, esquematiza Guilherme Cavalli, representante de Brasil en la caravana.
De este país, así como de Chile, Argentina y Bolivia se extrae, en conjunto, más del 30% del litio mundial. “A menudo en lugares ‘despoblados’, como los salares.