Entre el 14 de octubre y el 29 de noviembre de 1949 tuvo lugar la
huelga más larga y una de las más significativas de la historia de los
obreros y empleados de la industria azucarera de todo el país. La presente investigación recapitula los acontecimientos más destacados de
aquel conflicto, principalmente en Tucumán que fue su epicentro, y
busca ubicarlo dentro del vínculo del sindicalismo azucarero y provincial
en general, con el régimen peronista.
A pesar de la identificación de la mayoría de los trabajadores y de las
organizaciones obreras del sector con el peronismo, durante todo el curso
de la huelga el gobierno nacional, lejos de ubicarse como árbitro, lideró
el enfrentamiento contra la misma. Apartó a la patronal de la disputa y,
en cambio, movilizó a los diversos niveles del Estado para contrarrestar
la medida: al Ministerio de Trabajo y Previsión para su ilegalización, al
poder ejecutivo y legislativo provincial para presionar a los huelguistas,
y a las fuerzas de seguridad para la represión. Sumó además algunos
actores fundamentales con los que mantenía una línea directa: la CGT
(Confederación General del Trabajo), en conjunto con otros sindicatos
adictos, y la prensa oficialista. Una vez sofocada la huelga, el gobierno
resolvió unilateralmente el principal reclamo obrero, el aumento salarial, haciéndose cargo de más de la mitad del mismo, y tomó el mando
de las represalias individuales e institucionales, sin dar posibilidad a
los damnificados de defenderse. Finalmente, mantuvo intervenida la
FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera) desde
entonces hasta su caída, medida que habría de extenderse luego hasta
los tiempos de Frondizi.
Con el fin de aislar la lucha azucarera el peronismo apeló a la noción
hegemónica entonces de que todo diálogo con fuerzas “ajenas” al justicialismo atentaba contra el mismo. Ello por un lado, limitó el accionar
de los azucareros, que se cuidaron de no expandir la huelga frente a un
contexto favorable para hacerlo, limitándose sólo a pedidos de apoyo
solidario moral o material; y, pese a eso, fue la excusa empleada para
inculpar a toda la dirección del conflicto como “traidores” al régimen. A
pesar de todo ello, el apoyo de las mayorías hacia el régimen peronista
no se vio afectado seriamente, al menos en el ámbito público y electoral, más allá de algunas grietas que se pudieron haber ocasionado. Sin
duda, el aumento de jornales otorgado a los trabajadores es uno de los
factores para comprender aquello, pero no es el único. Gran parte de la
explicación debe buscarse en el proceso vivido en los años previos por
el movimiento y la clase obrera, tanto local como nacional, desde 1943.
Pese a que algunas voces dentro del propio peronismo se opusieron
a la embestida que sufrieron los azucareros en su larga lucha de 1949,
la identificación con el gobierno de Perón se mantuvo firme, imponiéndose así un consenso acerca de su accionar durante la huelga. La fuerte
adhesión obtenida por este movimiento implicaba otorgarle legitimidad
para perseguir, reprimir y expulsar de los sindicatos y del partido a todos
aquellos que la jerarquía consignase como opositores a la “revolución”.
Este accionar se fue produciendo en forma reiterada y debe tener un
lugar destacado en cualquier explicación de aquellos años, lo cual no
sucede con la mayor parte de la historiografía hegemónica sobre el período. “La gran huelga azucarera” de 1949, como se la conoce, implicó
en su desenlace un hito en el proceso de ataque a la autonomía del movimiento obrero, produciendo un cambio cualitativo en el gremialismo
tucumano. Pero la hipótesis de la que parte este trabajo es que dicha
embestida fue la continuidad de una tendencia ya existente.
A comienzos de octubre de 1949 la comisión de delegados de la FOTIA que tramitaba en Buenos Aires el aumento de salarios fracasaba en
sus objetivos. Perón se negaba a recibirlos, y Eva Perón les anticipaba
que el aumento oscilaría en el 18%,1 cifra luego ratificada por cañeros
e industriales en la mesa paritaria reunida en el Ministerio de Industria
y Comercio de la Nación. Este monto era muy lejano a la aspiración del
60% pedida por los trabajadores, en su afán de equiparar sus sueldos
con los del resto de los obreros industriales del país. La conflictividad
acarreada y el aumento del precio del producto generaron una presión
de las bases por acordar una suba de jornales importante durante aquel
año. Promediando octubre, 7 de los 28 ingenios tucumanos habían concluido la zafra, y el resto estaba próximo a terminarla.2 Por ello, frente
a la estrategia empresarial de dilatar las negociaciones, el día 11 la FOTIA emplazó a industriales y cañeros a dar una respuesta satisfactoria
hasta el 14 de octubre o entrarían en paro, lo cual finalmente sucedió.
El reclamo era el aumento de los salarios según el proyecto de estatuto
del azúcar entregado por la federación un mes antes, mientras dejaban
los demás aspectos de las condiciones de trabajo para discutirlas en la
paritaria de 1950. Sin embargo, además de lo monetario se sumaba un
punto dirigido al gobierno:
Considerando que el Centro de la Producción Azucarera
se encuentra en la provincia de Tucumán, solicitar al Exmo.
Señor Presidente de la Nación General Juan Perón, que la Dirección del Azúcar sea trasladada a esta provincia, para una
mejor y mayor efectividad de sus funciones específicas como
corresponde a todo organismo del Estado.3
Sumado a la demanda salarial, la FOTIA consideró necesario realizar
este reclamo histórico de todos los actores vinculados a la industria en
la provincia, desoído por el peronismo así como por sus sucesores que
siempre centralizaron el aparato burocrático encargado de regular la
actividad en la Capital Federal, hasta nuestros días.
El 14 de octubre se declaraba la huelga. A los obreros se sumaron
los empleados de la actividad, nucleados en la FEIA. Ambas federaciones formaron un comité intergremial que fue replicado en cada fábrica
azucarera. Tanto FOTIA como FEIA centraron su discurso en el ataque
exclusivo contra industriales y cañeros remarcando que la huelga, lejos
de significar un embate contra el gobierno era, por el contrario, un aval
a su gestión. Ello implicaba un rechazo explícito a todo apoyo moral
y material proveniente de partidos políticos o sectores de la sociedad
civil que fuesen opositores, particularmente del PC, entendido como
“extraño de la conciencia nacional” y por ende del “sentimiento de los
obreros argentinos”. Ante las primeras declaraciones de este tipo, la
intergremial refutaba:
El actual movimiento resuelto por los empleados y obreros
de la Industria Azucarera es de carácter gremial, consecuente
con los principios para los que fueron creadas ambas Federaciones, razón por la cual en ningún momento podemos aceptar
tutelas o defensores políticos extraños al movimiento, […] al
mismo tiempo esta COMISION expresa que sin desmadre de las
mejoras solicitadas estamos y estaremos con la Obra de Gobierno de nuestro Excmo. Señor Presidente de la Nación General
Juan Domingo Perón, Líder de los Trabajadores Argentinos,
en quien confiamos y esperamos, que ante la intransigencia
de los industriales y cañeros, sabrá dar una solución justa a
nuestros pedidos.