La inclusión educativa es un derecho de todas las personas, tengan o no alguna discapacidad. Todos los sujetos en situación de discapacidad están contemplados y pueden ejercer su Derecho a la Educación en las Escuelas comunes y en las Escuelas Especiales, desde las dos estrategias de intervención que hoy tiene la Educación Especial en general y las Escuelas Especiales en particular.
Una es la integración escolar, donde el Alumno transcurre su proceso de aprendizaje en una Escuela común, y desde allí la Escuela Especial acompaña al sujeto a través de la Maestra o el Maestro integrador y su equipo. La otra vertiente es desde la atención en las sedes de Escuelas Especiales, en casos donde los niños y adolescentes no están en condiciones, por situaciones muchas veces complejas, de transitar su escolaridad en una Escuela común.
Una gran discusión es la inclusión e integración de los Estudiantes con discapacidad. Ambos conceptos expresan dimensiones diferentes y están en relación. La inclusión es un derecho de todos y todas a recibir una Educación, no es solo un derecho de las personas con discapacidad. La integración es la estrategia pedagógica que permite sostener la inclusión de chicos con discapacidad en una Escuela común.
Estamos a favor de la inclusión y la entendemos como un derecho. Como estrategia, no es automáticamente generalizable y para sostenerla se requieren de determinadas condiciones materiales y que se resuelva desde la práctica, por ejercicio, por persistencia y por análisis crítico.
Muchos “pibes “con discapacidad no hubiesen tenido ningún lugar y no hubiesen aprendido nada sino hubiese estado la Escuela Especial. Esto no significa que el mejor lugar para ellos sea una Escuela Especial. En lo que sí hay que pensar es que cada chico con discapacidad tiene derecho a su Educación y que la definición de cuál es el mejor lugar para desarrollarla debe decidirse en relación a las necesidades, características, condiciones y posibilidades de cada sujeto.
La Educación Especial merece marcar sus líneas de trabajo en el marco del Derecho Social a la Educación, de un Estado que debe ser garante en el marco de la Ley de Educación Nacional y Provincial.